El plan ‘anti-Airbnb’ del Ayuntamiento salva el primer escollo judicial y no será suspendido

El TSJM decide desestimar las medidas cautelares solicitadas por dos organizaciones que agrupan a propietarios de pisos de alquiler vacacional, la mayoría de los cuales no disponen de licencia municipal para ejercer su actividad

Dos viajeros con maletas acceden a un portal de la calle Corredera | SOMOS MALASAÑA

El plan que dejó sin posibilidad de obtener licencia a la gran mayoría de pisos turísticos de la capital sigue en pie. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado la suspensión cautelar del plan elaborado en 2018 por el equipo de Manuela Carmena al frente, que buscaba frenar la conversión de las viviendas en alojamientos turísticos y que afectaba, en palabras del Ayuntamiento de entonces, al 95% de los pisos Airbnb que operaban en ese momento.

A través de dos autos fechados el 25 de octubre el TSJM deniega la adopción de medidas cautelares al plan, pues «no aprecia la Sala la concurrencia de los requisitos exigidos para la adopción de la medida cautelar solicitada». Uno de los recursos fue interpuesto por Madrid Aloja y el otro por LikeHomeMadrid. Contra ambas resoluciones se puede interponer recurso de reposición.

Madrid Aloja, asociación que agrupa a propietarios de viviendas turísticas, intentaba paralizar junto a LikeHomeMadrid (la empresa que explotaba el polémico edificio de Príncipe 15) el acuerdo de 27 de marzo de 2019 del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, por el que se aprueba el Plan Especial de regulación del uso de servicios terciarios en la clase de hospedaje, en los distritos de Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí, Moncloa-Aravaca, Latina, Carabanchel y Usera.

Detalle de las zonas de Madrid afectadas por el plan especial

El TSJM recuerda en ambos fallos que las medidas cautelares tratan de asegurar la eficacia de la resolución que ponga fin al proceso, evitando la producción «de un perjuicio de imposible o difícil reparación». Indica, por contra, que «la negativa a suspender la ejecutividad de un instrumento de planeamiento no puede fundarse en la consideración de que los planes urbanísticos tienen la naturaleza de disposiciones de carácter general».

Así, tratándose de la impugnación de un plan especial, su suspensión cautelar ha de resolverse «a tenor de los criterios que con carácter general deben presidir la adopción de medidas cautelares, destacando el que obliga a tomar en consideración si la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso», algo que el Tribunal entiende no se da en estos casos. Alega además que la negativa a suspender la ejecutividad de un instrumento de planeamiento «no puede fundarse en la consideración de que los planes urbanísticos tienen la naturaleza de disposiciones de carácter general». En estos términos se expresa ya que los solicitantes de las cautelares aseguraban que el Plan contravenía el ordenamiento jurídico.

Entendían las asociaciones que solicitaron las medidas cautelares que el Plan contravenía el régimen de usos del suelo previsto en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, restringiendo el uso terciario en su clase de hospedaje, de modo que su implantación por licencia directa se prohíbe donde, de acuerdo con el PGOU de 1997, el uso de hospedaje era compatible con el característico residencial.

El Ayuntamiento actual seguirá esperando

Fuentes del área de Desarrollo Urbano, capitaneada por Mariano Fuentes, aseguran que el Ayuntamiento tendrá que esperar aún a que la Justicia resuelva los siete recursos que hay pendientes y a que haya sentencia firme para saber si se anula o no el Plan Especial de Hospedaje aprobado por el anterior Gobierno de Manuela Carmena, al haber denegado ayer el TSJM la suspensión cautelar. Del mismo modo inciden en que «las cautelares no entran en el fondo de la cuestión, simplemente en la urgencia de adoptar o no una medida», y que el Ayuntamiento respeta, «como no puede ser de otro modo», la acción de la Justicia.

Así, en estos momentos el equipo de Gobierno está en la misma situación en la que estaba cuando llegó a Cibeles, «a la espera de que se resuelvan los siete recursos», para decidir qué hacer con este plan. Es la entrada independiente a este tipo de viviendas el principal desencuentro con el plan, ya que sí se mantendrá que la vivienda turística sea una actividad económica englobada dentro del uso terciario hospedaje. Desde que PP y Cs llegaron al Gobierno municipal se han inspeccionado 365 edificios, un total de 6.363 viviendas y se han detectado 1.202 viviendas de uso turístico. En este periodo se han dictado 358 órdenes de cese.

El actual equipo de Gobierno considera que el actual Plan Especial no ha resuelto «ninguno de los problemas que pretendía», ya que ni ha disminuido el número de pisos turísticos, «sino que se ha multiplicado la oferta», y «los ha introducido en la economía sumergida». Además, han señalado que aún desconocen si la Justicia suspenderá o no el Plan.

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