Juicio a la fallida Ciudad de la Justicia: una nueva obra faraónica de Esperanza Aguirre en el banquillo por corrupción

Abril de 2008. Esperanza Aguirre se rodea de las togas más ilustres del país para poner la primera piedra del que, según reconoció, era su reto “más ambicioso”: la Ciudad de la Justicia. El complejo judicial más moderno del mundo con una quincena de edificios para decir adiós a los obsoletos juzgados de Plaza de Castilla, Julián Camarillo o la calle Hernani.

Dieciséis años después, los jueces de Madrid siguen trabajando en las mismas sedes ruinosas, la Ciudad de la Justicia ejerce como monumento al despilfarro en las afueras y todo el proyecto está siendo juzgado en la Audiencia Nacional. Algunos responsables del agujero de cientos de millones de euros de dinero público se sientan en el banquillo mientras que Aguirre, a salvo como testigo, ha reconocido ante los jueces que su proyecto más ambicioso fue un desastre: “Pensamos –mal pensado seguramente– que ancha es Castilla, que esto no nos va a costar, pero nos costó”.

La lideresa que llegó a disputar el dominio del PP nacional a Mariano Rajoy, hoy tertuliana de televisión y testigo en los juicios por las decisiones de su propio Gobierno, exhibía entonces su primera mayoría absoluta y dejaba atrás el trampolín electoral del 'tamayazo'. Lo hacía con proyectos faraónicos como la inauguración de líneas de metro, con la construcción de siete hospitales públicos de gestión privada –cuyos cánones siguen sangrando las arcas públicas a día de hoy– y con una Ciudad de la Justicia llamada a poner fin a la dispersión de los juzgados madrileños.

No hizo falta un escuadrón de fiscales anticorrupción para concluir que este último proyecto fue un fracaso total. Nadie sabe cuándo fue el acto de colocación de la última piedra de un complejo reducido a un 'donut' que se vislumbra, con dificultad, desde las carreteras que rodean el aeropuerto de Barajas y la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Más de 350 millones de euros quedaron sepultados en un proyecto que no llegó a los tribunales hasta 2018: cuando un informe de la Cámara de Cuentas esgrimido por la Fiscalía certificó que la Ciudad de la Justicia no solo había sido un proyecto fallido. También había sido un carnaval de adjudicaciones ilegales.

El juicio se celebra estos días en la Audiencia Nacional. Un nuevo proceso judicial en torno a los proyectos del Gobierno de Esperanza Aguirre sin Esperanza Aguirre en el banquillo y con sus colaboradores más cercanos en la mirilla de la Fiscalía Anticorrupción. En el caso Gürtel fue su viceconsejero condenado Alberto López-Viejo, en el caso Púnica su número dos Francisco Granados y en Lezo su antigua mano derecha, Ignacio González, estos dos últimos a la espera de juicio. En este caso de la Ciudad de la Justicia es Alfredo Prada, su entonces vicepresidente, el que defiende su legado político desde el banquillo.

La propia Comunidad de Madrid, acostumbrada ya a ejercer la acusación contra sus antiguos gestores del PP en casos de corrupción, pide 12 años de cárcel para su exconsejero y, en la práctica, que no se le permita volver a acercarse a un cargo público de por vida. Prevaricación, fraude y malversación. La Fiscalía deja la petición de presidio en ocho años, y le hace máximo responsable de las ilegalidades de contratación que llevaron al desastre. Lo que los investigadores han denominado una “ineficacia global” del proyecto, un “reflejo de la ineficacia de los contratos”.

El demoledor informe de la Cámara de Cuentas cimenta una acusación de la que se salvan muy pocos flecos del fallido proyecto. Alfredo Prada, entonces vicepresidente y consejero de Justicia del ejecutivo de Aguirre, fue puesto al frente de una sociedad nutrida exclusivamente de dinero público que repartió millones y millones, según la Fiscalía, como la peor de las empresas privadas: sin control ni procedimientos administrativos. Mientras el gobierno regional del PP presumía de haber contratado a un arquitecto con pedigrí mundial para diseñar el proyecto, Prada y su equipo adjudicaban de forma ilegal los pilares maestros del Campus.

La lista, según se juzga estos días en la Audiencia Nacional, roza lo interminable. También lo inabarcable, porque el “caos” del archivo de expedientes descuartizados en 432 cajas diferentes no ha hecho fácil buscar las pruebas. Pero la conclusión, a la espera de la sentencia que salga de este juicio, es que casi ningún contrato se hizo con arreglo a la ley. Ni los grandes expedientes para contratar al arquitecto Norman Foster, ni la gestión integrada del proyecto, ni la asistencia técnica ni el asesoramiento jurídico. No se salvan, según la Fiscalía, ni los 16.628 euros invertidos en recrear la futura Ciudad de la Justicia en Second Life.

En la actualidad, la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso ha convertido la Ciudad de la Justicia en uno de sus proyectos más importantes para los próximos años. Un presupuesto de 680 millones de euros adicionales para unificar, por fin, las sedes judiciales madrileñas antes de 2029, junto con dos macroaparcamientos. Mientras tanto, los responsables originales del proyecto fallido dan explicaciones en la Audiencia Nacional, en un juicio marcado por la declaración como testigo de Esperanza Aguirre.

“No era una ocurrencia de Esperanza Aguirre”

El juicio, en el que todavía tienen que declarar los acusados, ha consistido en estas primeras jornadas en un desfile de testigos que, como contratistas o contratadores, pasaron por la Ciudad de la Justicia como espectadores de su ruinosa gestión. Algunos, imputados durante la investigación y testigos en el juicio, centran su declaración en dejar muy claro que no tuvieron nada que ver con las irregularidades: “Yo no estaba participando en nada de la creación del Campus de la Justicia”, dijo en media docena de ocasiones y visiblemente incómoda Lourdes Manovel, secretaria general técnica de la Consejería de Alfredo Prada desde 2003 hasta 2007.

Todos los testigos que tuvieron cargos de responsabilidad han apuntado a Prada como el responsable de todas las decisiones, al mismo tiempo que niegan haber visto ninguna ilegalidad. “No hubo nada que sonase raro”, dijo Paloma Mateo, entonces asesora en la Consejería. Álvaro Renedo, presidente de Telemadrid, reveló que Esperanza Aguirre le ofreció sin éxito estar al frente de Campus de la Justicia: “Me dijo que era un trabajo apasionante”. Nieves Sobrino, directora del archivo regional de la Comunidad de Madrid, no pudo dar detalles del “caos” documental que rodea a todos los expedientes de contratación de la Ciudad de la Justicia.

Entre otros muchos testigos ha comparecido Elena Collado. Actualmente miembro de la vicesecretaría de Economía del PP de Alberto Núñez Feijóo, Collado fue responsable de compras en el Ayuntamiento de Madrid cuando tuvo lugar la estafa de Luis Medina y Alberto Luceño en la compra de material sanitario. Hace más de una década también pasó por la Ciudad de la Justicia pero, como explicó en el juicio, llegó en 2011 cuando el asunto ya estaba plenamente paralizado y en descomposición.

La testifical más esperada era la de Esperanza Aguirre, que hizo equilibrismos entre el triunfalismo de 2007 y los lamentos de 2024. “No era una ocurrencia de Esperanza Aguirre como dicen por ahí, no se me habría ocurrido nunca”, dijo para enfatizar que había consenso en el mundo judicial para acometer el proyecto. “No recuerdo, es que hace mucho tiempo”, dijo sobre algunos de los puntos oscuros como el concurso internacional de ideas. Sobre quién decidió contratar al arquitecto Norman Foster, apuntó a Alfredo Prada, que observaba desde el banquillo con los brazos cruzados a su antigua presidenta. “Era una idea que me trasladó Alfredo Prada y me pareció bien”.

Este es uno de los múltiples procesos judiciales de corrupción política en los que Aguirre ha testificado a una distancia prudente del banquillo de los acusados, física y procesal. Procesos que, en ocasiones, tienen que ver con los proyectos que abanderó cuando tenía mayoría absoluta para hacer y deshacer en la Comunidad de Madrid. La Ciudad de la Justicia pero también las líneas de Metro y los colegios que inauguró de forma compulsiva están o han estado bajo la lupa de la Audiencia Nacional en diferentes causas de corrupción, además de la propia financiación de su partido en Madrid.

“El señor Prada apoyó al señor Rajoy”

Ante el tribunal que juzga el gran proyecto de su primera mayoría absoluta, Esperanza Aguirre no dejó de ser Esperanza Aguirre y explicó por qué prescindió de Alfredo Prada en 2008. No fue, afirmó con aplomo, por abrir un agujero de más de 350 millones de euros con un proyecto ruinoso. “Yo estaba muy contenta con la gestión del señor Prada”, dijo al tribunal. La Ciudad de la Justicia “no tuvo nada que ver”. Fue, afirmó tajante, un cese “por razones políticas”.

En 2008, la lideresa negó que la salida de Prada y de otro de sus consejeros, Manuel Lamela, respondiera a una “purga” política. Todo era para “reducir el gasto” y combatir la crisis que desembarcaba entonces en España. En el juicio de la Ciudad de la Justicia, obligada a decir verdad y ante la atenta mirada de Prada, reconoció que sí fue una purga política: le echó del gobierno regional porque ese año apoyó a Mariano Rajoy en el congreso nacional del PP en València y eso le costó la vicepresidencia y la consejería.

“El señor Prada apoyó al señor Rajoy. Por razones políticas, a él y a otro consejero en ese momento, a la vuelta del Congreso los cesé. Por razones puramente políticas, de partido”, dijo Aguirre sin titubear mientras Prada asistía al relato de su defenestración en primera fila. Prada, posteriormente, no tuvo problemas para volver a la cúpula del PP: padrino político de Pablo Casado, fue puesto al frente de la Oficina del partido encargada de velar por la integridad y el perfil de sus miembros y candidatos. El propio Prada pidió la baja del PP en 2021 tras la apertura de juicio oral contra él.

Aguirre también tuvo tiempo para relatar al tribunal cómo el triunfante proyecto de la Ciudad de la Justicia se fue por el sumidero de las obras públicas fallidas. Los terrenos de Valdebebas habían sido cedidos a la Comunidad y “no nos iba a costar dinero”. Su idea, además, era ahorrarse el alquiler de algunas sedes judiciales y vender otras. Los números nunca salieron y la crisis, dijo, se llevó por delante todo lo demás. Preguntada por el acto de colocación de la primera piedra del proyecto, la Aguirre más televisiva hizo un breve acto de aparición para ligar el asunto con uno de los principales enemigos declarados de su partido: “Sale el señor Conde-Pumpido en primer plano”, dijo con sorna. Cándido Conde-Pumpido es el actual presidente del Tribunal Constitucional.