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Madrid estudiará “limitar el número de viviendas de uso turístico” después de analizar el efecto Airbnb

Jacuzzi en una de las viviendas que oferta Airbnb en Malasaña

Diego Casado

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El debate sobre los nuevos modelos de alquileres vacacionales está sobre la mesa del Ayuntamiento de Madrid. A rebufo de la iniciativa del consistorio de Barcelona, primera ciudad en multar a plataformas como Airbnb por anunciar pisos ilegales, el equipo de Ahora Madrid empieza a mover fichas para intentar frenar efectos como las impresionantes subidas de alquileres de larga estancia (hasta el 15% en Malasaña en los últimos tres meses) que coinciden con la extensión brutal de estas páginas web de oferta turística, que disponen de más de 1.100 alojamientos en este barrio en alquiler cada fin de semana.

“Creemos que es importante que el fenómeno de viviendas turísticas se regule de forma inteligente y eficaz con el objetivo de minimizar los impactos negativos”, indica Luis Cueto -coordinador de Alcaldía- a Somos Malasaña. Cueto cita entre estos efectos “la subida de los precios de alquiler residencial, desaparición de ciertos tipos de comercio local por otros tipos dedicados a no residentes o la seguridad”.

El Ayuntamiento tiene el foco puesto en las segundas residencias que se alquilan como viviendas de uso turístico por su alta rentabilidad: “Hay que buscar una solución que, respetando la legislación europea, regule esta actividad para evitar una burbuja en el precio de los alquileres residenciales y del precio de la vivienda en ciertos distritos de la ciudad y que preserve y proteja el carácter y personalidad de los barrios más tradicionales, evitando la pérdida de población residente y del comercio tradicional y de proximidad”, explica Cueto.

¿Cómo sancionar esta oferta pirata? El consistorio explica que lo debe hacer la Comunidad de Madrid que, a diferencia de otras regiones como Cataluña, no prevé la cesión de competencias sobre los alojamientos turísticos a los ayuntamientos. La ley reguladora, de 2014, obliga a registrar todas estas viviendas, pero el control reside en el gobierno que dirige Cifuentes. Por ello Barcelona está sancionando y Madrid no lo hace, de momento: “Estamos estudiando distintos modelos y herramientas y compartiendo con otras ciudades nuestras experiencias”, anuncia Cueto, que mantiene contactos con la ciudad condal y ha creado un grupo de trabajo en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) “para buscar posibles modelos de regulación”.

El Ayuntamiento de Madrid ha solicitado ya a la Comunidad una segunda ley que mejore el escaso efecto de la primera: “Estamos a la espera de una nueva normativa para poder actuar en aquellas competencias que tenga que asumir el Ayuntamiento”, dice Cueto. Mientras aguardan, quieren estudiar el efecto de plataformas como Airbnb en cada uno de los distritos de Madrid: “Vamos a promover un estudio pormenorizado del impacto de los apartamentos y viviendas de uso turístico territorializado”. Cuando tengan sus resultados -sin fecha prevista aún- estudiarán medidas de mayor calado: “Nuestro reto es que en aquellos barrios que tienen una gran presión de visitantes se limite el número de viviendas de uso turístico para conseguir un razonable equilibrio”, anuncia.

No a la moratoria hotelera

No a la moratoria hotelera

Se desconoce por el momento cómo se articularía este límite al número de apartamentos, pero no significará en ningún caso una moratoria hotelera como la que rige ahora en Barcelona, donde desde hace un año no se conceden más licencias hoteleras. A juicio de Cueto, esta podría derivar en Madrid “en una mayor proliferación de oferta irregular de apartamentos turísticos en determinados distritos si se sigue produciendo un incremento de la demanda de viajes a la capital”. Además, explica que un informe del área de Desarrollo Urbano Sostenible sobre la actual carga hotelera no detecta exceso de este tipo de negocios en los distintos distritos de la ciudad. “Lo que perseguimos es un equilibrio razonable entre la población residente y la actividad turística hotelera, en apartamentos y viviendas turísticas”, apunta el coordinador general de Alcaldía.

Tampoco son objeto de preocupación municipal los alquileres de habitaciones en viviendas donde reside el arrendador, que no presentan “especiales problemas desde un punto de vista de carga turística”, dice el consistorio. Pero sí los apartamentos turísticos ilegales: “Hay que ser implacable contra los edificios enteros que se alquilan como viviendas de uso turístico en inmuebles que están catalogados para uso residencial y que no cumplen con los requisitos mínimos exigidos en la normativa específica. Esto, como mínimo, es un fraude de Ley y hay que perseguirlo”, asevera Cueto.

En cualquier caso, el Ayuntamiento de Madrid mantiene una visión muy positiva del turismo, que se ha incrementado notablemente en el último año, con 7,6 millones de turistas en la ciudad hasta octubre, la mayoría de ellos extranjeros: “El turismo es un gran agente dinamizador, no solo económico, sino también cultural y social. Muchos eventos culturales y de ocio no serían viables sin la participación de las miles de personas que vienen del resto del país y del mundo para disfrutarlas en Madrid. El turismo es un sector económico de mano de obra intensiva y por tanto un gran generador de empleo”, dice Cueto.

El reto: distribuir el turismo fuera del centro

El reto: distribuir el turismo fuera del centro

El modelo que persigue el Ayuntamiento de Madrid es el de “distribuir” este turismo a lo largo y ancho de toda la capital: “En esto, dependemos de la generación de activos turísticos en distritos periféricos: eventos y fiestas de barrio, oferta gastronómica, de ocio o cultural puesta en valor, adaptada, promocionada y comunicada para su disfrute por madrileños y visitantes”, recalca Luis Cueto.

¿Y qué hacer en el centro? “Dada su singularidad, este distrito requiere una especial atención en referencia al impacto del turismo -y a los madrileños que están de paso- no solo en los temas relacionados con el acceso a la vivienda o el tipo de comercio sino sobre la movilidad y el transporte público, la seguridad o limpieza”. La ampliación de aceras en la Gran Vía o la futura implantación del APR son actuaciones que van en este sentido, con el objetivo de mantener “una fuerte presencia vecinal y su personalidad propia y distintiva”.

En el año 2023, el Ayuntamiento prevé que la población del distrito Centro de Madrid aumente ligeramente, según sus datos estadísticos, pero en los últimos tiempos se está registrando un descenso de población, con cada vez más casos de vecinos expulsados de la zona por el elevado precio de los alquileres. Para ellos, la futura regulación que adopten las administraciones llegará tarde. Aunque el Ayuntamiento advierte que a la hora de legislar hay que mirar más allá de Madrid: “Solo la regulación no asegura la limitación y desaparición de esta actividad. En muchas de las ciudades con regulaciones muy restrictivas se siguen ofertando viviendas de uso turístico de forma irregular”, analiza Cueto. “Por eso pensamos que el acceso a la vivienda y la preservación de los centros históricos y tradicionales además de ser un problema local es también un asunto de interés general nacional y europeo y, por tanto, deben participar en la elaboración de soluciones regulatorias y su aplicación”.

Más información sobre vivienda en Malasaña:

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Rocío

Nos vamos y alquilamos por airbnb, porque ya no podemos ni comprar comida en el barrio. Todo es hiper caro. Es rollo barrio Salamanca pero claro, a lo "molas". Lo siento, pero la mayoría de los que compramos hace más de diez años, no éramos ricos ni lo somos ahora. Gracias y saludos.
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