Los habitantes del Palacio de la Infanta Carlota reciben una nueva orden de desalojo por parte del ayuntamiento

Son casi 300 personas las que viven irregularmente desde hace años en este edificio municipal del número 32 de la calle Luna. Las asociaciones vecinales ACIBU y SOS Malasaña denuncian que el Ayuntamiento las quiera echar sin alternativa habitacional, acogiéndose a un "procedimiento ilegal" y, además, en época de pandemia

Vista del Palacio de la Infanta Carlota | SOMOS MALASAÑA

En noviembre de 2019 los habitantes del edificio municipal del número 32 de la calle Luna, el conocido como palacio de la Infanta Carlota, recibieron una orden de desalojo inmediato por parte del Ayuntamiento de Madrid. Diez días les dieron entonces para abandonar un edificio en el que viven en situación irregular desde hace años alrededor de 300 personas. Aquella notificación, que argumentaba razones de seguridad para ser ejecutada con urgencia, fue recurrida administrativamente y quedó sin efecto.

Casi un año después, las autoridades han procedido a notificar una nueva orden de desalojo contra los habitantes de Luna 32, basada esta vez en protección del patrimonio municipal. La nueva fecha tope que tienen ahora estas personas para abandonar el edificio es el 24 de noviembre.

«De acuerdo con el artículo 130 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por R.D. 1372/86 de 13 de junio, vengo en apercibir de lanzamiento a los ocupantes del inmueble sito en la Calle Luna nº 32, fijando como fecha de lanzamiento el próximo día 24 de noviembre de 2020 a las 9:30 horas», reza en el comunicado que se les ha hecho llegar a los vecinos de la resolución firmada el 21 de septiembre por el Director General de Gestión Urbanística del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano, Jesús Ignacio Pascual Martín.

Parte de las 300 personas que viven sin contrato en el edificio municipal de Luna 32 y que serán desalojadas | Archivo SOMOS MALASAÑA

Para la asociación vecinal ACIBU y para la plataforma ciudadana SOS Malasaña, que reclaman al ayuntamiento que ofrezca una solución habitacional a los habitantes de Luna 32 antes de desahuciarlos y que están asesorando a estas familias, la nueva notificación presentada por el Consistorio no tendría validez porque «no se pueden desalojar domicilios particulares sin una orden judicial». Su portavoz, Jordi Gordon, asegura que el Gobierno local trata ahora de recuperar el edificio por un procedimiento que sólo podría ser válido para inmuebles municipales no habitados. «Es un procedimiento claramente ilegal».

También denuncia Gordon que no es de recibo pretender desalojar a estas personas en plena pandemia y que desde servicios sociales no se les están ofreciendo alternativas por escrito y con garantías y que las verbales que están sobre la mesa en el mejor de los casos no pasan de realojar a algunas de estas familias en viviendas y habitaciones compartidas por períodos muy cortos de tiempo de entre uno y tres meses.

En cualquier caso, las nuevas notificaciones de desalojo van a ser recurridas. El tema también se abordará en el pleno de la Junta Municipal de Centro que se celebra esta semana donde, entre otras cosas, el Grupo Municipal Socialista instará a «suspender cualquier desahucio administrativo sobre el bien inmueble situado en la calle Luna 32 hasta como mínimo, el 31 de enero de 2021, tal y como establece el Real Decreto-Ley 11/2020».

De lugar expoliado y expropiado a edificio dotacional para el vecindario

El Palacio de la Infanta Carlota fue expropiado por el Ayuntamiento de Madrid en noviembre de 2005 pero hasta el año 2011 no pasó a ser plenamente de titularidad pública. Cintia Real SL, la mercantil del empresario iraní Taefi Alí que era su propietaria peleó en los tribunales la decisión municipal y alargó un proceso que concluyó con el pago de cerca de 8,5 millones de euros a cambio del inmueble, cantidad que subiría posteriormente hasta los 10.346.000 euros en 2015. Durante todo el tiempo que el edificio estuvo en manos de Cintia Real los inquilinos pagaban su alquiler a esta empresa, que tenía oficina en los bajos del edificio.

Desde 2011, ante la pasividad administrativa, en los 36 pisos de entre una y seis habitaciones en los que está compartimentado el palacio, se ha estado viviendo sin contrato legal en vigor o, al menos, sin contrato con la nueva propiedad. Cuentan quienes ya vivían allí entonces que fueron agentes municipales los que verbalmente les fueron informando, puerta por puerta, que ya podían dejar de pagar el alquiler a Cintia Real porque el edificio por fin pertenecía a la administración. Luego, aseguran, nadie les informó sobre dónde deberían ingresar los nuevos alquileres y ellos tampoco preguntaron.

El desalojo del Palacio de la Infanta Carlota permitirá a la ciudad recuperar un valioso espacio que se eleva sobre una parcela de 926 metros cuadrados y posee más de 5.000 metros cuadrados construidos, una noticia largamente esperada por los distintos grupos políticos municipales y las asociaciones de vecinos y de conservación patrimonial, que habían pedido en numerosas ocasiones una intervención en un edificio que goza del más alto grado de protección.

Tal y como anunció en el año 2005, en el momento de expropiar el inmueble, el entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, el actual gobierno municipal ha confirmado a Somos Malasaña que el palacio se dedicará a dotaciones para el barrio de Universidad: «El edificio está calificado como dotacional Equipamiento Básico y el Ayuntamiento ha hecho ya un estudio de las dotaciones que hacen falta en el distrito, si bien aún se está decidiendo con exactitud lo que se hará en Luna 32».

Antes de serle expropiado, Cintia Real había adquirido Luna 32 en subasta junto a otros dos edificios situados en las cercanas calles de Santa Lucía y Pozas. Su intención fue convertirlo en pequeñas viviendas, algo que comenzó a ejecutar sin la licencia correspondiente y sin respetar el grado de protección histórica y patrimonial del que goza este palacio.

Según denuncias de todo tipo, la actuación de Cintia Real destruyó irreparablemente buena parte de la singularidad y de los tesoros de un inmueble construido en 1775 por Juan de Villanueva, el mismo arquitecto del Museo del Prado. Aunque tarde, el Ayuntamiento finalmente decidió intervenir y lo expropió. Al recuperarlo advirtió, incluso, de que al palacio le había crecido una planta más de pisos.

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1 Comentario

  1. Udó

    Pero no habiamos quedado, que en tiempo de PANDEMIA. NO SE ECHABA NADIE A LA CALLE ???
    Donde esta ese gobierno municipal madrileño que vela tanto por sus vecinos. ???
    Esta panda de gobernantes, en el congreso mucho postureo y a la hora de la verdad, bajo manga, hacen lo que les sale de la peineta.
    Les corre tanta prisa obtener ese edificio. Aaaaaa !! para HACER CAJA, Vendiendola a sus amiguitos, los empresarios inmobiliarios, Todos dan puntada sin hilo.
    Yo que estos vecinos me plataba en el palacio de congreso a demostrar al mundo entero, hasta donde llega ese partido, del PP, que se les va las fuerza por la boca y viven del POSTUREO

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