Las redes vecinales reclaman a las instituciones que asuman su responsabilidad ante la crisis social

Comunicado íntegro de las redes de cuidados de Madrid

Las redes vecinales madrileñas hemos sido de los primeros grupos en responder a las necesidades de nuestros barrios ante esta crisis sanitaria, social y económica producida por la pandemia mundial del COVID-19. La mayoría de nuestras redes empezamos provisionando de comida y medicamentos a quienes no podían salir de casa por enfermedad o por ser personas de riesgo. A estas necesidades se le fueron sumando otras como pasear a las mascotas, fabricar hidrogel, dotar de mascarillas, crear pantallas protectoras, gorros, batas y pañales. También hemos acompañado emocionalmente a familias vecinas, además de dar asesoría legal y laboral en la búsqueda de empleo y de otros recursos a los que poder acceder, incluso facilitando la traducción lingüística cuando era necesario. Hemos tenido también presentes a la infancia y a sus dificultades para seguir el curso escolar por carecer de recursos tecnológicos. Por lo que se les ha dotado, en la medida de lo posible, de ordenadores o tablets. Debido a la precariedad económica evidente, muchas redes nos hemos visto obligadas, aunque no es nuestra función, a actuar como bancos o despensas de alimentos, ropa y productos de primera necesidad, atendiendo así las demandas básicas de las vecinas y vecinos de nuestros barrios.



Muchas de estas redes y grupos provienen de espacios autoorganizados que mantienen vivos los tejidos vecinales y el apoyo mutuo y, una vez más, han respondido de forma rápida a las necesidades comunes. Espacios que, lejos de ser apoyados desde las instituciones públicas, a menudo son perseguidos, criminalizados y a algunos se les ha tratado de hacer desaparecer.



Las Administraciones Públicas han tardado demasiado en empezar a movilizar recursos, algunas incluso en torno a un mes o mes y medio, y continúan sin poder dar respuesta a muchos hogares. En numerosos casos han querido apropiarse o atribuirse el trabajo de las redes vecinales de cuidados. Algunas partidas de los presupuestos anuales de los diversos Ayuntamientos no se van a gastar (fiestas populares, actuaciones culturales y talleres para mayores, etc.), y éstas deberían estar ya destinadas a reforzar los servicios sociales. En lugar de apoyar las iniciativas vecinales que están más cerca de la realidad de los barrios, parece que a algunas instituciones públicas les interesa más adjudicar esa labor a grandes empresas privadas para que hagan negocio en este momento tan dramático. Un modelo que vimos en las becas comedor de la Comunidad de Madrid, contratando empresas que no proporcionaron comida saludable, aplicando un modelo vertical, caritativo y lucrativo contrapuesto al concepto de la alimentación como un derecho fundamental del ser humano. En lugar de dar continuidad a los recursos públicos que tienen como fin el bienestar común, se decidió priorizar el negocio con el sector privado.



Estos modelos de privatización, además de resultar más caros y contaminantes (hay que pagar a cocineras/os, transportistas, envasado, etc.), restringen la libertad de las personas para decidir su forma de alimentación. Por otra parte, la comida ha llegado muchas veces en mal estado o son raciones insuficientes, lo que ha provocado las lógicas quejas de las familias. En resumen, estos modelos de alimentación priorizan el negocio de las empresas a una alimentación digna de las familias.



Los Servicios Sociales se han visto desbordados e incapaces de atender las necesidades alimenticias de la población en situación de vulnerabilidad. Además, debido a las gestiones y requisitos burocráticos que impiden el acceso universal a los recursos, los colectivos más desfavorecidos no han tenido la oportunidad de acceder a ellos. Esto último viene ocurriendo, por ejemplo, con la Renta Mínima de Inserción (RMI), situación que ha sido denunciada por diversos colectivos, y ante la cual la Comunidad de Madrid sigue haciendo oídos sordos. A día de hoy, la respuesta por parte de los Ayuntamientos y la Comunidad, además de tardía, es totalmente ineficaz. Sin embargo, el número de hogares que necesitan apoyo social y económico ha ido en constante aumento, y ante la falta de respuesta institucional, han recurrido a la comunidad vecinal que se ha autoorganizado para prestar estos servicios esenciales. La desproporción entre las capacidades de los Ayuntamientos y de un conjunto de vecinas voluntarias que no tienen más recursos que las aportaciones solidarias es abismal. Además, no ha sido fácil para todas las personas acceder a la información y a las vías de contacto ofrecidas para solicitar estas ayudas, viéndose así excluidas si no disponían de los medios o conocimientos tecnológicos pertinentes.



La Comunidad de Madrid y muchos de sus Ayuntamientos pretenden convertir el estado social en un estado asistencial. Proponen, por un lado, bajar los impuestos y por otro, hacen un llamamiento a que la ciudadanía realice aportaciones económicas voluntarias para las personas precarizadas por esta crisis. Olvidando, además, que el número de familias en una situación socioeconómica vulnerable era ya demasiado alto antes del confinamiento. La propuesta de las instituciones para salir de esta crisis es reconvertir la justicia social y la redistribución de la riqueza, en caridad.



Valoramos el esfuerzo que está realizando el personal profesional de los Servicios Sociales. Lo que denunciamos son las deficientes políticas públicas sociales, tanto coyunturales como estructurales, que agravan la capacidad de respuesta institucional en estos momentos de crisis. Por eso, nos preocupa también que las instituciones públicas pretendan utilizar el voluntariado en su beneficio, como sustitución de los puestos de trabajo que serían necesarios para abordar esta situación. Los equipos profesionales de asistencia social, psicología, trabajo social, salud mental o servicios de comedores sociales y escolares son indispensables, y ahora más que nunca.



Demandamos



• Que las instituciones públicas asuman la responsabilidad de hacer frente a esta crisis social ya que las redes vecinales no vamos a sustituir sus funciones y no vamos a legitimar el desmantelamiento de los bienes públicos y colectivos. Nuestra labor es de solidaridad vecinal y no vamos a ser el parche que cubra un modelo público jerarquizado, debilitado y mercantilizado que le da la espalda a la vida.



• Un cambio urgente del modelo social y económico; en el que la prioridad sea la vida, una vida digna para todas las personas, y que no deje a nadie atrás. El modelo neoliberal, que enorgullece a nuestras instituciones, es el que encierra, explota, asesina y oprime a aquellas personas que no alcanzan, en su obligado e impuesto individualismo, los estándares de producción.



• No utilizar nuestras despensas o bancos de alimentos como recurso institucional, sin consultarnos antes de la derivación de las familias.



• El refuerzo inmediato de los equipos humanos y la logística de los Servicios Sociales. Siendo también urgente aumentar la dotación económica de estos servicios de forma no exclusivamente coyuntural, sino contemplando una estrategia a medio y largo plazo y garantizando su implementación. A este fin se le podrían asignar las partidas presupuestarias inicialmente aprobadas para otros gastos que se prevean no realizables dadas las restricciones sanitarias.



• Una comunicación precisa y transparente de los datos y actividades por parte de cada Ayuntamiento y, en su caso, de cada Junta de Distrito. En aras de una mayor transparencia informativa, demandamos conocer la evolución del gasto presupuestado y del gasto realizado en Servicios Sociales en cada administración territorial competente durante los tres últimos meses (desglosado por cuenta y subcuenta contable y tipo de actividad). Además, exigimos conocer en concreto los datos mensuales de:



o El tipo y cantidad de ayuda alimentaria que recibe cada persona.

o La cantidad de alimentos recibida en cada entrega y la regularidad de esas entregas.

o El tiempo medio que se tarda desde que el Ayuntamiento recibe una solicitud de ayuda alimentaria hasta que la persona demandante recibe la primera entrega de alimentos.



• Consideramos necesario potenciar sistemas que permitan a las familias comprar por sí mismas en los comercios locales, preferiblemente en las pequeñas tiendas de nuestros barrios.



• Exigimos un modelo solidario, afectuoso, donde el cuidado de la vida sea central, donde la infancia sea un valor añadido para la sociedad y, en consecuencia, tratada como tal, y no apartada y minusvalorada. Del mismo modo exigimos la aplicación real de políticas públicas que atiendan a las personas mayores, refugio de sabiduría y memoria en cualquier sociedad.



Las estrategias y medidas que tomen las instituciones públicas deben poner en el centro a las personas, cuidar del planeta en el que vivimos y garantizar una vida que merezca la pena ser vivida.