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El Ayuntamiento rectifica y no aprobará aún los apartamentos en Divino Pastor 9

La calle Divino Pastor, con el edificio de la polémica a la derecha | SOMOS MALASAÑA

Diego Casado

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El futuro de Divino Pastor 9 es hoy más incierto que ayer. El Ayuntamiento ha decidido a última hora no llevar todavía al pleno sus planes de cambio de uso para convertir lo que en su día fue un edificio municipal (la sede de la concejalía de Medio Ambiente) en 14 apartamentos turísticos, una decisión que ha sido celebrada por los colectivos sociales que se oponían al cambio.

La noticia saltaba a poco menos de 12 horas de una votación que, de haber seguido los pasos que dio Ahora Madrid la pasada semana en la comisión de Desarrollo Urbano Sostenible, hubiera posibilitado la apertura de otro edificio completo dedicado al turismo en un barrio -Malasaña- donde se contabilizan más de 1.100 viviendas para turistas, con el agravante de haber consolidado una operación ejecutada por Ana Botella y que fue tachada de “pelotazo urbanístico de libro” por las inmobiliarias de la zona.

En la citada comisión, Ahora Madrid apoyó junto al PP -con el voto en contra de PSOE y Ciudadanos- el cambio de usos del citado edificio, que fue enajenado en 2014, durante la época de Ana Botella como alcaldesa. Sus cinco plantas y 2.000 metros cuadrados fueron vendidas a dedo a la familia Capriles, por 853 €/m², en una zona donde el precio medio está en torno a 3.000 €/m².

Este lunes, el diario Público arrojaba algo más de luz -a través del blog del Observatorio Metropolitano- sobre el entramado empresarial de los Capriles en España, con una colección de empresas en las que aparecen relacionadas sus empresas con la Gürtel y con Ana Aznar, la hija de Ana Botella y del expresidente del gobierno. Reproducimos por su interés la descripción completa:

La sociedad que compró Divino Pastor, 9 por venta directa por parte al Ayuntamiento de Madrid durante el gobierno de Botella, se llamaba, meses antes de la compra, Proyectos Empresariales Canelba S.L y su administrador único era, hasta abril de 2014, Luis Miguel Triguero Gómez, que fue sustituido el mismo día por Miguel Ángel Capriles López. El 2 de junio de 2014 se produce la inscripción como socio único de Invecap Inversiones Inmobiliarias, la empresa con la que la familia Capriles desembarca en el país para invertir en el sector inmobiliario. Casualmente, Triguero Gómez está relacionado con varias empresas relacionadas con la trama Gürtel como Real Estate Equity Portfolio. Además, era el administrador único de Lavisier Investments, S.L, filial de Blackstone, fondo que se hizo con las casi 2.000 viviendas destinadas a alquiler público que Ana Botella vendió en 2013. Parece relevante destacar que, entre las más de mil sociedades de las que ha sido administrador Luis Miguel Triguero se encuentra Comercial Mitford Spain, S.L, gestionada por Ana Aznar Botella.

Colectivos sociales reclaman una “moratoria turística”

Colectivos sociales reclaman una “moratoria turística”

El caso de Divino Pastor 9 ha encendido a varios colectivos sociales del centro de Madrid, que desde hace un tiempo soporta los excesos de la industria turística descontrolada a raíz del conocido como Efecto Airbnb. El más vehemente de todos ha sido el Patio Maravillas, que en un duro comunicado criticaba este lunes la postura municipal con respecto al inmueble que okupó durante tres meses en el año 2015.

El Patio recordaba que fue Esperanza Aguirre la principal defensora de la propiedad de este inmueble, criminalizando al movimiento un día de verano frente a la puerta del edificio, en una rueda de prensa a la que llegó en bici. También indicaba El Patio que la propia alcaldesa, Manuela Carmena, mantuvo conversaciones con los Capriles durante la okupación, y que quiso dar “una cesión rápida” al Patio Maravillas en ese momento para “aliviar la presión de los inversores”.

Los firmantes del manifiesto acusan al Ayuntamiento de permitir “que las grandes empresas cambien el Planeamiento Urbanístico de la ciudad en cada pleno”, además de “parecer representar los intereses de esas mismas empresas, y no a las vecinas y vecinos, que reclaman desde hace años servicios públicos, al derecho a la vivienda, a los espacios sociales autogestionados… que defiendan el derecho a la vida en la ciudad”.

Al conocerse a última hora del lunes que la medida se retiraba del pleno, el Patio Maravillas celebraba la noticia como una “victoria”, aunque con cautela:

En el mismo comunicado, el Patio Maravillas reclamaba “una moratoria turística” para Madrid, además de “un Plan Especial que intervenga de manera urgente en el proceso de turistificación del centro de la ciudad, queremos espacios sociales autogestionados y territorio para la vida en nuestros barrios. En todas las periferias y también en el centro de la ciudad”.

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