ACIBU denuncia: de centro municipal, a local de comida tailandesa en zona protegida

El local situado en el número 41 de la Corredera Baja de San Pablo fue de propiedad municipal entre los años 2010 y 2013. El Ayuntamiento de entonces invirtió más de 327.000 euros en reformarlo y abrir con gran boato, en la primavera de 2011, el Centro de Innovación Ballesta (CIBALL). Se supone que dicho espacio debía ser un lugar de apoyo y formación para emprendedores tecnológicos, un lugar llamado a ser referencia en su misión y a servir de revitalizador del área. Tras un tiempo en funcionamiento y habiendo alcanzado objetivos más que discretos, un cambio de estrategia en el Consistorio hizo que CIBALL echara el cierre. Lo siguiente fue la venta del local a una inmobiliaria privada por 180.000 euros, cuando por lo que por aquel entonces costaba el metro cuadrado en la zona, un precio ajustado se habría acercado a los 350.000 euros. Sin contar con lo perdido-invertido en la reforma, el Ayuntamiento se había desecho de esta propiedad por un 45% menos, aproximadamente, de su valor de mercado.

Toda la situación anteriormente expuesta, ese malvender, fue denunciado en su día por la asociación vecinal ACIBU, entidad que acaba de mostrar su perplejidad, a través de sus redes sociales, al ver que en ese mismo local, ahora ya en manos privadas, acaba de abrir un establecimiento de venta de comida tailandesa. Nada que reprochar a no ser porque, según advierten los vecinos, la Corredera de San Pablo es una vía situada en una zona declarada por el ayuntamiento como de alta contaminación acústica (ZPAE) y, por lo tanto, en donde no se pueden abrir nuevas “cafeterías, bares, café‐bar, restaurantes, tabernas, bodegas, bares‐restaurantes, salones de banquetes, chocolaterías, salones de té, croisanterías, salas de fiestas, restaurante‐espectáculo, café‐espectáculo ni discotecas”. Tampoco, como es el caso, negocios de hostelería y restauración (bares, restaurantes, cafeterías y similares) a no ser que se sitúen en edificios de “uso exclusivo no residencial”.

Hace cinco años ACIBU hizo una campaña para que no se permitiese la apertura de nuevos bares en Malasaña. Ya había 500 en el barrio, según el censo que ellos mismos elaboraron. Desde entonces, en algunas calles, el número de este tipo de negocios se ha multiplicado por dos y por tres, asegura la asociación vecinal.

Denunciar la ilegalidad

Denunciar la ilegalidad

Esta constante violación de la ZPAE fue puesta sobre la mesa del concejal del distrito, Jorge García Castaño, en una reunión mantenida por ACIBU con él la pasada semana. En ella, la asociación pidió al nuevo concejal presidente de Centro que cerrase todos los locales que en Malasaña no tienen licencia y que no la pueden tener por incumplir la citada normativa. Según ACIBU, García Castaño pidió que fuesen los vecinos quienes denunciasen a los locales que se estarían saltando la ley. Sin que les parezca la mejor opción, la asociación asegura que así lo van a hacer y animan a todos los vecinos a que les hagan llegar notificación de los locales que a su juicio puedan estar actuando sin licencia para remitir la información al Ayuntamiento.

“En nuestro barrio ya hay demasiados bares y terrazas, Madrid es muy grande, que los empresarios de hostelería apuesten por otras zonas menos explotadas, con calles más amplias, menos saturadas. Hay calles en otros distritos cercanos al nuestro en donde es difícil encontrar una cafetería, un bar. En nuestro barrio ya hay demasiados”, aduce ACIBU.

El local del número 41 de Corredera es sólo un ejemplo de lo que pasa habitualmente en Malasaña, según ACIBU, con el agravante ilustrativo de que de centro innovador y tecnológico municipal, adalid de nuevos desarrollos de negocio, haya acabado siendo otro local más dedicado al sector servicios.

peter

totalmente de acuerdo con ACIBU