Nadie sabe nada del agujero millonario de la Ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre: “Firmé lo que me pidieron”

El proyecto para construir una Ciudad de la Justicia que aglutinara cientos de juzgados y tribunales en Madrid fue una de las grandes promesas de Esperanza Aguirre en los nueve años que estuvo al frente de la Comunidad. Su ejecutivo promocionó con todos los medios a su alcance un diseño firmado por los mejores arquitectos del mundo con el que pretendía cambiar el paradigma europeo de la Justicia desde Valdebebas. Una década después la Audiencia Nacional juzga el boquete millonario de dinero público en el que se convirtió el proyecto con los principales imputados desvinculándose de cualquier decisión comprometida y apuntando a gente que no se sienta en el banquillo: implicados que quedaron fuera del juicio o, incluso, a la entonces presidenta regional, una vez más como testigo en una causa de supuesta corrupción nacida de sus gobiernos.

El proceso ha juntado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia a antiguos responsables de la Comunidad de Madrid y su consejería de Justicia. Algunos, como Esperanza Aguirre, a salvo de cualquier acusación. Otros, como la exsecretaria de la sociedad pública implicada Lourdes Manovel, también como testigos pero después de haber estado imputados. Y finalmente los seis acusados, entre ellos el exvicepresidente regional Alfredo Prada, para quienes la Fiscalía Anticorrupción pide hasta ocho años de cárcel.

Prada, una de las múltiples manos derechas de Aguirre que ha terminado en el banquillo de los acusados, fue el primer imputado en declarar y en sus más de dos horas de comparecencia apuntó en dos direcciones: hacia arriba por la responsabilidad política del proyecto y hacia abajo por la posible responsabilidad penal de las irregularidades. “Hicimos lo que pudimos bajo la batuta de un gobierno (...) todo iba al Consejo de gobierno con informe favorable de la Intervención y los servicios jurídicos (...) eran mandatos de un gobierno”, dijo en media docena de ocasiones. “He firmado lo que me han pedido que firmara”, llegó a afirmar.

El juicio gira en torno al supuesto descontrol en decenas de procedimientos de contratación para sacar adelante el proyecto. Desde llevarlo a Second Life hasta contratar a Norman Foster como arquitecto. La iniciativa, dijo Prada en el juicio, fue de la propia Aguirre: “Salió de ella porque es muy anglófila”. Lo contrario a lo que afirmó Esperanza Aguirre en su testifical, obligada a decir la verdad: “Es una idea que me trasladó Alfredo Prada y me pareció bien”, dijo la expresidenta.

También la de externalizar una parte de la gestión del proyecto que acabó en manos de la empresa Bovis, uno de los puntos principales de la investigación: “Es una decisión política del gobierno. La presidenta es una persona muy liberal, hemos visto que ha estado en la toma de posesión de Milei en Argentina. Y dice: externaliza los servicios. Es una decisión política de gobierno. Externaliza lo que sea necesario”, dijo Prada sobre Aguirre.

Según Prada, las directrices generales que acabaron en posibles delitos de malversación venían de Esperanza Aguirre, y todas las decisiones que cuestiona Anticorrupción venían condicionadas desde abajo: de los técnicos y altos cargos de la empresa Campus de la Justicia que estuvieron imputados durante buena parte del proceso y que se convirtieron en testigos cuando la Audiencia Nacional definió quién debía sentarse en el banquillo y quién debía estar obligado a decir la verdad.

Una de ellas es Lourdes Manovel. La entonces secretaria general técnica de la Consejería de Prada compareció hace unos días como testigo, visiblemente incómoda, repitiendo una y otra vez que no tenía nada que ver con las decisiones cuestionadas y apuntando al propio Prada como responsable de todas las firmas. “Llegó como imputada, llega a este juicio y nos miente, mintió descaradamente, es todo mentira”, contestó el exconsejero de Aguirre. “Siempre firmé lo que la señora Manovel me dio”, afirmó en otra ocasión. “No puede decir ahora, una persona que despachó conmigo, que no tiene absolutamente nada que ver”.

“Sinceramente, me equivoqué”

Prada también dedicó buena parte de su declaración a negar irregularidades o saber de lo que se le estaba hablando mientras el fiscal, con un amago de risa, le recordaba que él era el consejero encargado del proyecto. Otros imputados también se han desvinculado de las decisiones cuestionadas, como Alicio de las Heras, entonces director financiero del proyecto: “Nunca he realizado funciones ejecutivas (...) me llegaba una factura y a partir de ahí empezaba mi trabajo de contabilizar esa factura”, explicó en su declaración, apuntando también hacia arriba: “Yo despachaba personalmente con el señor Prada, mi interlocutor directo era el señor Prada”, dijo a preguntas de la presidenta del tribunal.  

Félix García de Castro se incorporó Campus de la Justicia como letrado asesor externo y formó parte de sus organismos de contratación. “A mi nadie me pidió nunca un informe de control de legalidad”, dijo ante el tribunal para rechazar cualquier irregularidad. “Yo jamás tuve que pensar qué hacía porque se me vino impuesto”, dijo Andrés Gómez Gordo. Inspector de Policía Nacional y exasesor de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, fue director de seguridad de Campus de la Justicia y la Fiscalía pide seis años de cárcel para él por su participación en tres contratos. También está procesado en la operación Kitchen.

“Sinceramente me equivoqué”, reconoció Gómez Gordo ante el tribunal al hablar de uno de los contratos. “Pero no cometí ninguna injusticia”, añadió. “Mis contratos fueron siempre por el menor precio posible y para ahorrar lo máximo posible. Trataba el dinero público como si fuera mi casa”. Añadió también que, en esa época y en la Ciudad de la Justicia, las cosas se adjudicaban “a marchas forzadas”. “No planteé ningún contrato, me fueron impuestos y me fue impuesta la no participación de la mesa de contratación”, añadió al final de su declaración.

Después de dos meses, y una vez comparecidos todos los acusados, el juicio sobre la Ciudad de la Justicia de Madrid llegará a su fin en los últimos días de mayo. Un proceso penal sobre un agujero de 350 millones de euros que arrancó en 2018, cuando un informe de la Cámara de Cuentas dejó negro sobre blanco que la Ciudad de la Justicia no solamente era un proyecto fallido que no se había llegado a construir, sino que había constituido una sucesión de adjudicaciones irregulares.

Un nuevo proceso judicial en torno a los proyectos del Gobierno de Esperanza Aguirre sin Esperanza Aguirre en el banquillo y con sus colaboradores más cercanos en la mirilla de la Fiscalía Anticorrupción. En el caso Gürtel fue su viceconsejero condenado Alberto López-Viejo, en el caso Púnica su número dos Francisco Granados y en Lezo su antigua mano derecha, Ignacio González, estos dos últimos a la espera de juicio. En este caso de la Ciudad de la Justicia es Alfredo Prada, su entonces vicepresidente, que ha defendido su legado político desde el banquillo.