La consejera de Turismo de Canarias responde a Airbnb: “Tienen mucho que decir sobre cumplir las normas de la UE”

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha celebrado este viernes que plataformas de alquiler vacacional como Airbnb entren en el debate abierto sobre esta actividad en plena tramitación de la futura ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas en el Archipiélago.

La consejera cree que las plataformas “tienen mucho que decir acerca del cumplimiento de las normas de la Unión Europea y de la normativa turística canaria en relación a comercializar lo que es legal o ilegal en Canarias”. Unas declaraciones que llegan después de que Airbnb advirtiera de que una regulación local “desproporcionada” de su actividad podría “perjudicar a las familias”, al tiempo que pidió acercar el anteproyecto de ley a la nueva normativa europea.

La consejera ha dicho que “se alegra” de que esta plataforma se pronuncie y ha aludido a los ejemplos de casetas de campaña en azoteas promocionadas en páginas web o a furgones destartalados en suelo rústico que “nunca debieron formar parte de la oferta que se comercializa dentro de estas plataformas”.

Jéssica de León ha señalado que “en breve” se reunirá con todas las plataformas y ha recordado su anuncio de querer firmar un código ético con ellas para “compartir datos y poder comercializar la oferta de calidad legal al amparo de la normativa vigente”, que en este caso incluye al decreto 113/2015 que hoy por hoy ordena el alquiler vacacional, además de otros decretos que ordenan la actividad turística.

La consejera ha precisado que tras el cierre del plazo de exposición pública del anteproyecto de ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas, que prevé vaya al Parlamento en septiembre, se han presentado 2.500 alegaciones, a expensas de la última actualización.

De León ha mostrado su satisfacción ante la respuesta ciudadana y ha explicado que el anteproyecto de ley entra en su siguiente paso de respuesta al trámite de audiencia, que son esas alegaciones singularizadas al proyecto de los colectivos, empresas, patronales, sindicatos o asociaciones con respuesta individualizada como al resto de los ciudadanos en la información pública en un informe conjunto.

Una vez se haya respondido a cada una de las alegaciones interpuestas por los ciudadanos al anteproyecto de ley, el Gobierno de Canarias “declarará de urgencia el trámite de la ley, esperamos que en torno a junio, para acortar los plazos” de informes de organismos, presupuestos, informes jurídicos o el informe del Consejo Económico y Social.

Con esta hoja de ruta, la consejera de Turismo y Empleo ha dicho que la idea es que el proyecto de ley entre al Parlamento de Canarias en septiembre y conseguir el objetivo de recabar “el mayor consenso posible” tras las alegaciones para incorporar y flexibilizar aquellas cuestiones que consideren “que son demasiado restrictivas”.

Jéssica de León ha incidido en un punto que plantea el anteproyecto de ley, en el que se dice que “sin ordenación no puede seguir dándose una actividad que claramente es económica”, que compite con otros sectores de la actividad turística y subsectores, “que también tienen en el planeamiento su respuesta y su ordenación”.